En relación con las declaraciones realizadas en los medios de comunicación de Fuerteventura por el Presidente del Cabildo, respecto a la situación del Matadero Insular, gestionado directamente por la Corporación desde hace más de 30 años y en las que el Presidente refiere que ante el cierre del centro se propone por la Institución que la única solución es la atribución externa de la gestión a entidades privadas. Esto es una privatización más del servicio público que ya en todo el país se ha demostrado ineficaz, antieconómico y contrario a los intereses públicos que toda Administración debe defender y que en sus últimas consecuencias se ha evidenciado perjudicial tanto a los intereses de los usuarios del servicio como a los de la propia ciudadanía. Sorprende que tras los nefastos años de Gobierno del PP con su política de privatización de lo público, unida a su actividad legislativa agresiva para los intereses de los trabajadores/as, y que ya está siendo objeto de acciones de reversión en otras Comunidades Autónomas, que viene a demostrar la ineficacia de la gestión privada de los servicios básicos, sorprende repetimos, que en nuestra Isla se opte por continuar con esa estrategia que descapitaliza de recursos y de medios a nuestras Administraciones, por una política neoliberal sin límites y que no respeta las reglas de juego del Estado Social de Derecho. A modo de ejemplo tenemos el del Matadero Insular de Gran Canaria que antes tenía una gestión privada nefasta y ahora se ha demostrado que la gestión publica directa dependiente del Cabildo no solo ha venido a ser la solución sino que además ha colocado su servicio entre los mejores del Estado.
Las manifestaciones del Presidente del Cabildo, aunque no compartidas por las razones antes expuestas, además son merecedoras de nuestro mayor reproche al realizarse de manera unilateral desde una óptica francamente antidemocrática, pues en ningún momento se ha sentado a consultar y negociar con la representación sindical de los empleados públicos, vulnerándose de manera gravísima el derecho fundamental a la libertad sindical, al obviarse la preceptiva negociación colectiva.
Es desesperanzador ver a nuestros representantes políticos actuar al margen de la legalidad, concretamente cuando actúan olvidándose de los principios de eficiencia y eficacia del gasto público, derrochando el dinero de todos en vez de aprovechar y mejorar los recursos humanos y materiales existentes. ¿Acaso creen que saldrá mas barata la externalización? no solo no saldrá mas barata sino que además supondrá la creación de puestos de trabajo mas precarios con menos salario a cambio de un servicio también mas caro para la ciudadania, llegándose a la conclusión de que el beneficio solo se lo llevan unos pocos.
Que curioso, que en sus distintos Congresos tanto Coalición Canaria (CC) como Partido Socialista Obrero Español (PSOE), gobernantes en esta institución aprueban y defienden la defensa de lo público, desde lo público, pero cuando llegan a las instituciones los cargos electos hacen precisamente lo contrario.
¿A quién pretenden engañar? Recuerden que hay elecciones el próximo año a efectos de pensarse muy bien a quien se dará el voto.
