El alumnado con discapacidad intelectual de Canarias podrá continuar su formación más allá de los veintiún años, pese a que el artículo 74 de la LOMLOE les deja fuera del sistema educativo una vez cumplida esta edad. El Gobierno regional, a través de las consejerías de Educación y Empleo, ha diseñado el programa ‘+21’, pionero en España, con dos proyectos basados, por un lado, en planes formativos para la incorporación a la vida adulta; y, por otro, en los certificados de profesionalidad. De esta forma, queda resuelto el limbo en el que han permanecido cerca de 200 jóvenes en las Islas desde la entrada en vigor de la nueva ley, que ha limitado sus opciones de seguir formándose educativa y profesionalmente y ha agravado la vulnerabilidad social de las familias.
Este programa, presentaba este sábado en rueda de prensa por la consejera Jéssica de León y el consejero Poli Suárez, está formado por una rama laboral y otra educativa, a las que serán derivados los estudiantes una vez finalizado el periodo de escolarización en los Centros de Educación Especial (CEE) o Aulas Enclave (AE).
Según el diagnóstico y sus posibilidades de desarrollo, podrán acogerse a partir de enero al proyecto ‘Capacítate, la discapacidad no te limita’, de la Consejería de Turismo y Empleo; o bien a ‘NEAE+21’, del departamento de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, a partir del primer trimestre de 2024, pues en este caso la puesta en marcha requiere obras de acondicionamiento y adaptación de los espacios designados.
“Gran parte de las personas con discapacidad intelectual finaliza su escolarización sin ningún tipo de certificación, un factor que dificulta su inserción laboral”, subrayó la consejera regional de Turismo y Empleo, Jéssica de León, que ha incidido en que este proyecto “abre nuevas vías para que puedan certificar competencias profesionales”.
“Llevamos trabajando conjuntamente Educación y Empleo para idear esta fórmula que da solución a esos estudiantes con necesidades educativas especiales desde que llegamos al Gobierno de Canarias, pues era un compromiso firme que adquirimos con las familias y no íbamos a dejarlas tiradas”, aseguró por su parte Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, quien aseveró que “el primer paso para dar con las soluciones a los problemas de los ciudadanos es que haya voluntad política; ahora por fin la ha habido con determinación y con mucho trabajo para poder poner en marcha estos proyectos cuanto antes”. Por todo ello, Suárez agradeció “la implicación y el enorme esfuerzo que han hecho los técnicos de las dos consejerías para que en solo cinco meses hayamos resuelto esta injusticia”.
NEAE +21
Con ‘NEAE+21’ la Consejería de Educación ha elaborado un mapa de usuarios en todo el Archipiélago, en el presente y a medio plazo, y brindará apoyo y acompañamiento inicialmente a una treintena de jóvenes en las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, cifra a la que se sumarán en septiembre de 2024 otras 60 plazas.
Se trata de un proyecto piloto de educación no formal, que no tiene carácter asistencial sino educativo, por lo que se adaptará al calendario y al horario escolar. En concreto, se vincula a la educación de personas adultas de entre 21 y 25 años, que, en esta primera etapa, serán atendidas en unidades de actuación externa gestionadas desde dos centros de Telde (Gran Canaria) y Santa Cruz de Tenerife.
Para hacerlo, deberán cumplir una serie de requisitos adicionales en el momento de la matrícula, que se abrirá en febrero para iniciar el proyecto de manera experimental entre los meses de marzo y junio, y retomarlo en septiembre, ya con el inicio del nuevo curso. Entre esos requisitos figuran: tener una discapacidad intelectual reconocida, haber nacido en 2001 ó 2002, agotado la permanencia excepcional en Aula Enclave o Centros de Educación Especial, no ser beneficiario o estar en lista de espera en otro centro, servicio o recurso para personas con discapacidad en el que se haya solicitado plaza previamente, no estar cursando un programa de FP adaptada y disponer de un nivel de autonomía personal y social que permita beneficiarse del itinerario formativo.
Dicho itinerario, que podrá seguirse durante un máximo de cuatro años, contribuirá a la habilitación personal, social y pre-laboral de los participantes, a través de contenidos relacionados con esos tres ámbitos de intervención: autonomía personal (higiene, alimentación, vestido, cuidado y mantenimiento del entorno inmediato o actividad física y deportiva), participación e inclusión social (actividades de ocio y tiempo libre, interacción en grupos de amistad, uso de servicios y recursos de la comunidad o colaboración en actividades desarrolladas por instituciones del entorno) y laboral.
Para ello, se diseñará un plan individual de atención que será renovado curso a curso tras la emisión de un informe anual previo. Al terminar el ciclo, se emitirá otro informe final que recogerá los aspectos más relevantes de la intervención educativa realizada, así como una serie de orientaciones para que el alumno o alumna continúe con ese itinerario personal, social y formativo más allá de ‘NEAE+21’.
Capacítate, la discapacidad no te limita
La rama laboral del plan es fruto del trabajo conjunto del Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales. Para esta experiencia, que cuenta con un presupuesto cercano a los 150 mil euros, aportados por el SCE y la Viceconsejería, además de becas y ayudas, se ha seleccionado el certificado de profesionalidad de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, que consta de 460 horas y una duración de 12 meses.
Estas acciones formativas previstas en primera instancia para otra treintena de beneficiarios, que deberán ser desempleados y estar dados de alta como demandantes de empleo, se impartirán desde enero en los IES Feria del Atlántico, en Gran Canaria, y en el IES María Rosa Alonso, en Tenerife, dos centros que cuentan con la infraestructura polivalente para implementar el citado certificado.
La directora del SCE, Dunnia Rodríguez, explicó que “se trata de un proyecto pionero para el Gobierno de Canarias y en esta colaboración interdepartamental utilizamos los centros educativos de la Consejería de Educación para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual que se quedan fuera del sistema educativo”. Además, subrayó que se trabaja para extenderlo a todas las Islas.
