La portavoz parlamentaria y secretaria general del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, exigió hoy al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la supresión del IGIC en los productos básicos de alimentación, como “el pan especial, las pastas y el aceite”; en la factura de la luz, del teléfono y de los gastos sociales, para apoyar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2019.
La secretaria general del PP de Canarias planteó eliminar el IGIC de la factura de la luz, con la que se beneficiarían “más de 1 millón de personas”; y también de la factura del teléfono, para “mejorar la conectividad, fomentar la sociedad de la información, reducir los costos de producción de las empresas y profesionales y mejorar la competitividad”.
En este sentido, Navarro pidió a Clavijo “volver a la fiscalidad previa a la crisis económica, para aliviar la presión fiscal y devolver el esfuerzo al conjunto de los canarios”, y reclamó la bajada lineal del tipo general del IGIC; del tramo autonómico del IRPF, “para las familias con rentas medias de 21.900 euros anuales, casi el 65% de los declarantes en Canarias” y la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones “del 99% hasta los parientes del Grupo III, colaterales de segundo y tercer grado ascendientes y descendientes”.
Así se pronunció tras entregarle esta mañana a Fernando Clavijo las condiciones del Partido Popular para respaldar la tramitación de los Presupuestos autonómicos, a quien recordó que “puede asumir las medidas que les presentamos de menos impuestos, mejores servicios públicos y más austeridad en la Administración o, por el contrario, prorrogar los Presupuestos o apoyarse en la izquierda, que apuesta por la voracidad fiscal”.
Australia Navarro explicó que hay motivos “más que suficientes” para la rebaja de impuestos, como lo son la recaudación del IGIC con más de 1.000 millones de euros en los siete primeros meses, la desvinculación del REF de la financiación autonómica, el superávit de más de 600 millones de euros, los históricos Presupuestos Generales del Estado de este año (PGE) y la financiación positiva procedente del Estado.
“El Gobierno canario deberá incluir estos tres objetivos programáticos y las medidas sociales presentadas en su Anteproyecto de Ley de Presupuestos, antes de remitirlo a la Cámara autonómica para su toma en consideración y debate”, subrayó la secretaria general de los populares de Canarias.
Incremento de la financiación de los servicios públicos
En cuanto a la mejora de los servicios públicos fundamentales, Navarro reclamó “un incremento del Presupuesto de Educación hasta el 4% del PIB”, para la mejora de la calidad educativa, implantación efectiva de la escolarización de cero a tres años, la impartición de competencias digitales y los planes de bilingüismo.
En el área social, pidió la financiación de la futura Ley de Servicios Sociales, a través de una partida presupuestaria específica que “alcance el 10% del Presupuesto de Canarias antes de tres años, para la ampliación de la PCI, la reducción de las listas de espera y la lucha eficaz contra la pobreza y la exclusión social”.
En materia sanitaria, Navarro exigió el incremento de las políticas de Asistencia Sanitaria y Salud Pública por encima del 8,5%, con el objetivo de combatir las listas de espera, mejorar los servicios de urgencias, la atención a los enfermos crónicos, los cuidados paliativos, la atención primaria y los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Asimismo, la portavoz parlamentaria pidió la congelación del gasto en políticas del Gobierno y Administración, que aumentaron durante el año pasado en “más de 50 millones de euros, un 21%, frente al 4,8% que crecieron las políticas de servicios públicos”.
Por otra parte, el portavoz del PP en materia económica en el Parlamento autonómico, José Estalella, manifestó que el Gobierno de Canarias contará con 680 millones de euros más en 2019 en relación a 2018, de los cuales, aplicada la regla de gasto, hay disponibles 450 millones, si bien 220 millones ya están asignados a la subida salarial de los empleados públicos, la carrera profesional en la sanidad y el pago de los sexenios en educación, de manera que quedan por repartir 230 millones, a la espera de si se pueden incorporar el superávit de 598 millones.
