Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Fernando Enseñat, Ignacio Solana y Clara Peña, han presentado este martes una moción en el Ayuntamiento capitalino en la que instan al grupo de gobierno a redactar y aprobar la Ordenanza Reguladora de las Bases para la concesión de subvenciones sociales dirigidas a personas y familias con escasos recursos económicos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual del municipio, conocida como IBI social.
“El espíritu de estas ayudas es rebajar el pago de impuestos para las personas y familias que peor lo están pasando en la isla en la que más sube el paro y que peores indicadores económicos presenta”, defiende el concejal en la oposición Fernando Enseñat.
Además, los populares instan al Ayuntamiento de Puerto del Rosario a que contemple una ficha presupuestaria destinada a la puesta en marcha del referido IBI Social en los próximos presupuestos del ejercicio 2020.
“Al no ser una ordenanza fiscal, basta con la aprobación de las bases de la ayuda y que tenga ficha presupuestaria. En estos momentos, el grupo de gobierno está elaborando los presupuestos y queremos ser constructivos y proponer medidas que vayan directamente a las familias”, ha explicado Enseñat.
Según explican desde la formación política, dicha medida trataría de otorgar una línea de ayudas y su cuantificación en relación con las familias titulares de sus viviendas en las que se tienen en cuenta tres factores: el número de miembros de la unidad de convivencia, sus ingresos brutos anuales y el valor catastral de las viviendas.
Combinando estos tres factores se puede ampliar el abanico de posibles beneficiarios, y al mismo tiempo, ajustar el importe de las subvenciones a las circunstancias de las familias solicitantes.
Paralelamente, los populares proponen que la Ordenanza recoja un tratamiento diferenciado a aquellas familias respecto de las que existe expresa constancia previa de su situación de especial necesidad o vulnerabilidad, como las perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción, las beneficiarias de las Prestaciones Económicas para Situaciones de Especial Necesidad, Emergencia Social, mujeres víctimas de Violencia de Género, familias solicitantes del servicio de Ayuda a Domicilio, o familias declaradas monoparentales.
“La primera ciudad en la que se aplicó este IBI Social fue en Málaga en el año 2000 de la mano de un Alcalde del PP, Francisco de la Torre”, asegura Enseñat.
“Luego ha sido trasladada a ciudades como Las Palmas. Es una ayuda que está en sintonía con las reiteradas promesas del Alcalde que ha asegurado que pretende triplicar el presupuesto destinado a Asuntos Sociales por lo que esperamos que no rechace esta medida. Esta es, a nuestro juicio, la mejor forma: una ayuda directa al que más lo necesita, que no merma la recaudación del ayuntamiento y que posibilita el pago de impuestos a las personas que, de otra forma, no pueden afrontar el pago del IBI”.
Enseñat recuerda que “esto es muy importante tenerlo en cuenta pues a muchas familias se les han denegado ayudas, becas por ejemplo, por no estar al corriente de pago de impuestos con la administración. Es la pescadilla que se muerde la cola por lo que esto evitaría la situación de morosidad de personas en situación de riesgo”, sentencia.
