El concejal y candidato de En Marcha a la alcaldía de La Oliva, Pedro Amador, en nota de prensa remitida a Radio Sintonia Fuerteventura informa de que ha sido notificado este jueves del archivo por el Juzgado, previo informe de la Fiscalía, del archivo de la querella que Isaí Blanco anunció “a bombo y platillo” por el supuesto pago de cerca de 500.000 euros en facturas a una empresa por una serie de gastos de mantenimiento y otros servicios relacionados con la urbanización Origo Mare, acusándole de omisión de los delitos de tráfico de influencias, malversación, deslealtad profesional, falsificación de documentos públicos, administración desleal y usurpación de funciones públicas.
La querella fue presentada por el actual alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, contra Pedro Amador por la presunta comisión de hasta siete delitos, según el escrito de demanda pagado con fondos públicos municipales y que ha supuesto un gasto de más de 15.000 euros en abogados.
El auto de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Puerto del Rosario, tiene fecha del 20 de mayo de 2019 y en él la jueza suscribe el informe de la Fiscalía, que destaca que a la vista de los antecedentes no cabe concluir que la resolución que se cuestiona en vía penal integre un delito de prevaricación, dada la conducta del alcalde Pedro Amador de requerir informe de la secretaría del Ayuntamiento sobre la legalidad del procedimiento, destacando que el propio Amador inició la revisión de oficio del expediente. La juez concluye el auto destacando que “no está acreditada la existencia de un acto administrativo definitivo contrario al ordenamiento jurídico de forma ostensible y palmaria ni la existencia de dolo en su producción”.
Amador reitera sus palabras, “el alcalde Isai Blanco es un mentiroso compulsivo, miente a sabiendas y utiliza este tipo de informaciones falsas para distraer la atención ante la quietud de su gobierno fracasado y su escasez de propuestas para el Ayuntamiento de cara a las próximas elecciones”, asegura Pedro Amador.
“Es lamentable que un alcalde emplee dinero público y base en mentiras para atacar a sus adversarios políticos. Este es el precio que tengo que pagar por haber destapado las corruptelas de su madrina Claudina Morales y sus socios, y no descarta que aún puedan sacar más cosas para intentar desprestigiar mi nombre”. Amador subraya “voy a pedir que el alcalde Blanco devuelva al Ayuntamiento hasta el último céntimo de lo que se ha gastado de dinero público en presentar denuncias infundadas, que en este caso superan los 15.000 euros. Mientras que en este municipio muchas familias pasan apuros y pagan sus impuestos, este alcalde se malgasta el dinero en falsedades y en alimentar una red clientelar que se dedica a pregonar sus falsedades”.
Además, el candidato de En Marcha al Ayuntamiento de La Oliva, exigirá la responsabilidad penal de Isaí Blanco por ocultación de documento público al juez. “No puede salirle gratis acusar a diestro y siniestro, ha basado su campaña electoral en mentiras y acusaciones falsas: miente sobre que él ha saneado el Ayuntamiento, cuando fue mi gobierno quien lo hizo y él tiene las pruebas; miente y tergiversa sobre la Urbanizadora Corralejo Playa; miente sobre los proyectos que dice son suyos, cuando se iniciaron en el año 2016. No puede ser alcalde de La Oliva, alguien que basa su acción en la mentira y la manipulación”.
Según un comunicado emitido en su momento por el gabinete de prensa del Ayuntamiento de La Oliva, sostenido con fondos públicos, “la decisión de presentar esta querella tiene su origen en el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de La Oliva a la entidad Nombredo SL, a través de los decretos dictados por el exalcalde Pedro Amador, de una serie de gastos de mantenimiento y otros servicios relacionados con la urbanización Origo Mare, por un importe de 439.043,45 euros en concepto de abono de facturas, y otros 26.807,70 euros en concepto de indemnización, 465.851,15 euros en total”.
Pedro Amador señalaba entonces que la querella carece de fundamento y relataba los hechos. “Siendo alcalde de La Oliva pusimos en marcha una iniciativa del grupo Votemos La Oliva que pedía cobrar la deuda que mantenían con el Ayuntamiento una serie de sujetos, de modo que acabásemos con la morosidad. Entre los morosos figuraba la empresa Nombredo SL, nos pusimos en contacto con ellos para cobrar la deuda que tenían con el Ayuntamiento y nos dan a conocer una sentencia del 2 de febrero de 2009 que condenaba al Ayuntamiento a asumir parte del coste del mantenimiento de los servicios públicos de la urbanización Origo Mare. En aquel momento, siendo alcaldesa Claudina Morales no asumió la sentencia, por lo que Nombredo dejó de pagar los impuestos municipales para compensar lo que el Ayuntamiento debía asumir según aquella sentencia”.
Según señala Amador “cuando conocimos la sentencia, encargué un informe al asesor jurídico externo que teníamos contratado, que es práctica habitual en el Ayuntamiento de La Oliva por la notable escasez de recursos humanos -el gobierno actual también tiene asesores jurídicos que no son funcionarios públicos-. Aquel informe relataba una serie de compensaciones económicas entre Nombredo y el Ayuntamiento, fundadas en aquella sentencia que la mentora del alcalde Blanco no acató”. Con ese informe, Amador dictó un decreto en noviembre de 2016 cuantificando la deuda y otro en febrero de 2017 fijando la deuda.
En el transcurso del procedimiento, Amador dicta el 5 de mayo de 2017 la suspensión del mismo para aclarar si el mismo se había hecho de forma correcta, lo que la legislación de procedimiento administrativo llama revisión de oficio de actos propios. Esa revisión paraliza el procedimiento, es decir, no se había abonado ni compensado cantidad alguna porque el acto administrativo no se había llevado a término.
En el documento del 5 de mayo de 2017, el entonces alcalde Pedro Amador solicita a la entonces secretaria de la corporación, que había ratificado todo el procedimiento, que emita un informe sobre si existen indicios de nulidad en el procedimiento, además de otros requerimientos entre los que se encontraban en último paso elevar el expediente al Consejo Consultivo de Canarias para que emitiese dictamen sobre el procedimiento.
“El 16 de mayo de 2017 prosperó una moción de censura por lo que era el nuevo gobierno el que debía elevar el expediente al Consultivo, lo cual no hicieron, sino que el 17 de diciembre de 2017 vuelven a firmar una nueva solicitud de dictamen al Consejo Consultivo. Pero, la sorpresa es que ese documento firmado en diciembre lo envían el 18 de junio de 2018. Ante esto el Consultivo responde el 24 de julio que la solicitud está caducada ya que entre la firma del documento de solicitud dictamen y su remisión al órgano no deben pasar más de 10 días y este gobierno dejó pasar más de seis meses”, señala Amador. “Es decir, a día de hoy el Consejo Consultivo no se ha pronunciado sobre la tramitación de este procedimiento”
El 15 de octubre de 2018 el alcalde Blanco, usando el gabinete de prensa de la institución, emite un comunicado en el que anuncia esta querella alegando que existe un informe de un técnico municipal que dice que durante mi época como alcalde de abonaron una serie de facturas a esta empresa. Hecho que es rotundamente falso, por lo que el 18 de octubre solicité al Ayuntamiento certificado sobre los pagos o compensaciones a esta empresa. El 9 de noviembre se me contesta en un escrito, firmado por el propio alcalde Blanco y la secretaria de la corporación, que contiene un informe del interventor municipal donde, de manera literal se dice que `no constan cantidades reconocidas, abonadas ni compensadas a nombre de Nombredo SL por qué concepto “mantenimiento de la Urbanización Origo Mare´, por lo que el alcalde miente”.
