El Gobierno de Canarias insiste en la necesidad urgente de que el Estado renegocie con las comunidades autónomas el procedimiento de renovación y concesión del Bono Social eléctrico. Esta fue una petición que ya trasladaron las comunidades autónomas a la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales, e Igualdad, Dolors Monserrat, en el pasado consejo territorial de Servicios Sociales, celebrado el 1 de marzo en Madrid. En ese momento, y aunque el asunto no estaba en el orden del día, las comunidades solicitaron la intermediación de la ministra para conseguir una reunión con el Ministerio de Industria, encargado de la aprobación del nuevo decreto regulador, ya que estiman que son las compañías eléctricas las que han impuesto a las administraciones públicas el procedimiento de la gestión de las ayudas. En dicho encuentro, los representantes de las CCAA aseguraron que se trata de una invasión de competencias que traslada la carga hacia los servicios sociales y, además, expresaron su preocupación por el tratamiento de los datos de los usuarios.
El Bono Social es un descuento en la factura de la luz que actualmente hasta el momento estaba regulado y financiado por las comunidades autónomas. Con la entrada en vigor, en octubre de 2017, del Real Decreto 897/2017 cambiaron los requisitos para tener derecho a la ayuda, y se incorporó una nueva categoría en el colectivo de suministros de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales.
El vicenconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, recuerda que “en Canarias, el convenio firmado con Endesa en el año 2015 estará vigente hasta el 2 de noviembre” por lo que hace un llamamiento a la tranquilidad de los posibles afectados mientras se negocia con el Estado la simplificación de los trámites. “Los problemas y retrasos que está generando su engorrosa tramitación” contínúa Candil, “han forzado al Ministerio de Energía, Turismo y Adenda Digital a anunciar que el plazo de presentación queda prorrogado durante seis meses más, hasta octubre, para que los consumidores acogidos al anterior esquema puedan solicitar su inclusión en el nuevo Bono Social”.
Aún así, el Gobierno de Canarias trabaja en el diseño de un convenio que defina exactamente cómo establecer la aplicación de la nueva normativa que regula el denominado Bono Social.
