El Consejo de Gobierno ha acordado asumir la delegación de competencias para la evaluación de impacto ambiental de proyectos en el ayuntamiento de San Miguel de Abona (Tenerife) y para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, en Tuineje (Fuerteventura).
La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal.
A su vez, el Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico.
La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, que es un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental. Por tanto, será la citada Comisión la que va a realizar las funciones delegadas.
Ambos ayuntamientos, que justifican adecuadamente las razones de la delegación, acordaron delegar en el órgano ambiental de la Administración autonómica las citadas competencias a través de acuerdo de sus plenos, que es un paso previo en la tramitación de dicho proceso de delegación.