Representantes de Turismo de cinco cabildos insulares se han reunido en la mañana de hoy en Fuerteventura para abordar de forma conjunta la hoja de ruta el Decreto Ley 3996 de 17/2020 de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por la Covid-19.
Los consejeros de Turismo y Gerentes de Turismo de las corporaciones insulares de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura han coincidido en subrayar que, si bien el Gobierno de Canarias es el organismo competente para legislar en un asunto tan delicado y con tantas consecuencias en lo sanitario, económico, turístico y social, son las administraciones insulares y locales las que habrán de aplicar el Decreto-Ley, y precisamente por ello han manifestado de forma unánime la importancia de alcanzar consensos entre todas las administraciones que proporcionen seguridad jurídica y eficacia a la norma.
A la reunión se ha sumado de forma virtual el Director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, con quien se ha establecido un plazo de tiempo para definir una operativa clara del Decreto Ley que defina cuestiones esenciales como qué tipo de test se ha de realizar, el perfil profesional de quienes harán dichos test, cuáles serán los establecimientos autorizados, cómo se va a contemplar a los visitantes nacionales y los residentes canarios, etc.
El cabildo de Fuerteventura, que ha hecho de anfitrión de la reunión, sugería el pasado mes al Gobierno de Canarias una iniciativa destinada a configurar un marco jurídico estable con rango de Ley en el Archipiélago que garantizara un protocolo y la cobertura sanitaria y logística para todos los visitantes con el objetivo de establecer corredores seguros y que pudiera incluso suponer un valor añadido de la oferta turística del destino Canarias a sus principales mercados emisores.
En la propuesta presentada por la corporación majorera, y que se presentó en forma de borrador de Decreto Ley, se establecía que el 100% de los clientes que se alojaran en los establecimientos alojativos canarios fueran testados a su llegada a las Islas, a un precio equitativo y supervisado por el Servicio Canario de Salud, sin discriminación alguna en virtud del origen o procedencia, y se articulaba además una fórmula operativa flexible que garantizara pruebas certificadas a la salida de las Islas, sobre todo destinada a aquellos turistas en cuyos países se exigiera.
