Cs exige al Gobierno de Canarias que adapte todos los centros educativos para cumplir con la normativa de accesibilidad

Ciudadanos (Cs) ha exigido este martes al Gobierno de Canarias que “adapte todos los centros educativos del archipiélago para cumplir la normativa y que sean accesibles para aquellas personas que sufren alguna discapacidad motora temporal o definitiva”.

 Así lo ha expresado el portavoz autonómico de Cs, Mariano Cejas, quien ha explicado que “el Real Decreto 132/2010 establece que todos los centros deben disponer de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas para no discriminar a las personas con discapacidad”.

 En este sentido, Cejas ha denunciado que “no todos los centros cumplen con dicha normativa”, ya que “muchos de ellos no están adaptados para aquellos alumnos que tienen movilidad reducida”, hecho que supone “un agravio comparativo”.

 Al respecto, ha señalado que “existen infraestructuras educativas que están preparadas para un determinado número de alumnos”, y ha advertido de que “en muchas ocasiones, los centros duplican el número de alumnos”, por lo que “esta masificación dificulta la movilidad e impide que sean lugares totalmente accesibles”.

 Y ha puesto como ejemplo “el IES Los Cristianos, que fue pensado para 500 alumnos y cuenta con más de 1.000”, hecho que ha llevado a “tener un aula enclave en el sótano”, situación que ha tildado de “lamentable y vergonzosa”, ya que “complica el acceso a aquellos escolares que tienen algún tipo de discapacidad”.

 El portavoz autonómico de Cs ha recalcado que “el principal problema es la falta de infraestructuras educativas”, especialmente en “el sur de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura”, ya que “no se cubren las necesidades de aquellos municipios que han crecido mucho en población en los últimos años”.

 Por todos estos motivos, y porque “es una necesidad que los centros de enseñanza sean accesibles para todos”, Cejas ha instado al Gobierno de Canarias a “adaptar los mismos, tal y como exige la normativa estatal”, así como a “crear nuevas infraestructuras en aquellos municipios en los que la saturación impide que se cumplan las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de personas con discapacidad”.

 

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