Según la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV), la Federación Canaria de Municipios (FECAM) “ha encargado a un despacho de abogados de Madrid un nuevo borrador de Decreto de Viviendas Vacacionales con un único y encubierto objetivo: eliminar las viviendas vacacionales de Canarias y concentrarlas en manos de fondos de inversión y grandes empresas gestoras, contribuyendo a la evasión de capitales del archipiélago y usurpándolas de su más elemental esencia, el pequeño propietario que gestiona su vivienda vacacional y que contribuye a que el dinero del turismo se quede en Canarias”.
Explican que “hace más de 5 meses que muchos ayuntamientos canarios se pusieron en contacto con ASCAV facilitando el borrador de Decreto, tan indignados como la propia Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Ayuntamientos, que se niegan a traicionar a sus vecinas y vecinos y a sus empresas afectadas”. Trasladan desde la asociación que supuestamente estos ayuntamientos ya han alzado la voz dentro de la FECAM.
ASCAV afirma que lleva más de 5 meses esperando la llamada de Dña. Mari Brito, presidenta de la FECAM, “un tiempo prudencial para implicar a la única Asociación de Vivienda Vacacional que representa al sector en Canarias”. Esta llamada no se ha producido, ya que, según sostienen, “la nueva regulación tiene un objetivo claro: impedir que los pequeños propietarios canarios puedan beneficiarse del turismo y concentrarlo en manos de unos pocos. Se trata de una auténtica hecatombe para el sector, un acoso y derribo sin precedentes contra las más de 70.000 familias canarias que se verán afectadas y que verán cómo se esfuman sus fuentes de ingresos vitales. Familias, que son vecinas y vecinos de municipios grandes, pequeños, turísticos o los mal denominados “no turísticos””.
“La FECAM no ha tenido nunca intención de involucrar a ASCAV en ese nuevo borrador de Decreto, porque su propósito ha sido el de conspirar a nuestras espaldas y justificar el mayor atentado contra el sector de la vivienda vacacional” que, según datos oficiales consultados por la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, crea más de 37.000 puestos de trabajo directos y sustento para 70.000 familias (añadiendo propietarios y gestores) en Canarias. Además, aseguran que “genera un impacto económico de más de 1.500 millones de euros que se quedan íntegros en nuestro archipiélago y que va a afectar a más del 27% de las plazas alojativas de Canarias”.
De acuerdo con la información recibida, la FECAM justifica este “atropello” en la escasez y carestía de viviendas para sus vecinos, “obviando que todos los partidos, cabildos y ayuntamientos de Canarias disponen de un informe de más de 150 páginas elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Instituto TIDES), que desmonta esa mitificación”. Reclaman “la escasez y carestía en el imparable aumento de población, la ausencia de más de 20 años de un Plan de Vivienda, así como otros muchos factores. Y precisamente ahora, que existe un Plan, falta la puesta a disposición de suelo por parte de Ayuntamientos para construir esas viviendas”.
Se preguntan, ¿cómo justifican que para construir viviendas se tarde cuatro años en conseguir una licencia municipal? “El problema siempre ha sido de fondo”, aseguran. “En una situación de escasez de vivienda, se atraen nuevas inversiones que precisan más mano de obra que tiene que venir de fuera. Evidentemente, no se han planificado vivienda para esas personas. ¿Se pretende suplir el problema a costa de los propietarios de viviendas vacacionales? ¿no se dan cuenta que representan poco más del 3.5% del parque total de viviendas en el Archipiélago y que esta medida no soluciona el problema real? Dña. Mari Brito, Presidenta de la FECAM, una vez más utiliza la demagogia política para justificar artimañas que aumentan el empobrecimiento y la precariedad de los ciudadanos, también el de sus vecinas y vecinos”.
“Y, ¿la FECAM no se preocupa por dar salida en Canarias a las 150.000 viviendas vacías según la Agencia Tributaria?”
Y, ¿tampoco muestra preocupación porque tan sólo este año el 50% de las viviendas vendidas en el Archipiélago han caído en manos de extranjeros? ¿son conscientes que muchas de ellas van a ser explotadas desde fuera y van a ser opacas fiscalmente, precisamente por la inseguridad jurídica que ustedes generan constantemente?”
Recuerdan que, “en la actualidad, el sector de la vivienda vacacional está regulado, y bien regulado en Canarias. A día de hoy, y desde el año 2015, contamos con una norma plenamente vigente (el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las Viviendas Vacacionales de Canarias) y que ha superado los controles de legalidad más estrictos: tenemos que recordarles que el Tribunal Supremo se ha pronunciado hasta en 3 sentencias en relación con este Decreto, por lo que la norma ya ha pasado el control judicial del más Alto Tribunal de España”.
Consideran la norma de 2015 como “una buena norma de la que podemos estar orgullosos en Canarias salvo conflictos puntuales que hasta la fecha ASCAV está luchando y ganando uno tras otro en los Tribunales desde hace 8 años. Tenemos el sector más estable y menos conflictivo de toda la nación: signo más que evidente que la norma de que disponemos en la actualidad se adapta perfectamente a la realidad que regula”.
Explica la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional que en lo que consideran “un incomprensible afán de beneficiar a unas pocas grandes empresas en detrimento de una gran mayoría de ciudadanos y pequeñas empresas gestoras de Canarias que se dedican a la actividad”, la FECAM ha creado un borrador de Decreto “que supone una auténtica prohibición encubierta de las viviendas vacacionales pretendiendo además la desaparición de las vigentemente legalizadas en el plazo de un año”.
Para la ASCAV, este borrador de norma es la ley más estricta, limitativa, rígida y restrictiva de todas las existentes en España sobre viviendas vacacionales y bien puede calificarse como borrador de decreto anti vivienda vacacional toda vez que va a suponer la práctica desaparición coyuntural de más del 95% de las viviendas vacacionales.
“El borrador es un auténtico esperpento jurídico; una verdadera aberración normativa que supone un atentado frontal contra la normativa de la Unión Europea y el Derecho Comunitario, además de invadir competencias exclusivas del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los cabildos, se extralimita en el cometido propio de las normas de carácter reglamentario vulnerando el principio de jerarquía normativa”.
Añaden que “este borrador de decreto anti vivienda vacacional de Canarias puede incluso rozar el delito de prevaricación toda vez que no contentos con establecer requisitos de imposible cumplimiento para el ciudadano de a pie (para concentrarlo en manos de fondos buitres y de inversión y grandes grupos empresariales) atenta grave y claramente contra la jurisprudencia confirmada del Tribunal Supremo que ya tuvo ocasión de convalidar y decretar la validez del actual Decreto en vigor”.
Garantizan, por tanto, que ASCAV va a estar muy pendiente de la evolución de este Decreto y defenderán hasta su último aliento “a un sector que ha venido para generar empleo, riqueza y prosperidad para los ciudadanos de Canarias”.
