Admitida a trámite la querella de una trabajadora del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por supuesto acoso sexual.
En el Juzgado Número 2 de Puerto del Rosario ha sido admitida a trámite la querella de una trabajadora del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por supuesto acoso sexual dirigida al concejal de Comercio, Obras y Servicios José Juan Herrera Martel. La citada denuncia también se plantea contra el alcalde Juan Jiménez ya que la denunciante afirma que le trasladó la situación y tras esto el alcalde firmó su cese.
Distintos partidos políticos, asociaciones y entidades como el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias han emitido comunicados de apoyo a la trabajadora. Desde instituto de Igualdad en un carta remitida al alcalde, la directora manifiesta “la más profunda preocupación generada por los hechos acontecidos en esa Corporación en relación con la presunta comisión de un delito de acoso sexual por parte de un miembro del equipo de gobierno, del que ha sido víctima una mujer que, hasta hace pocos días, en que se produjo su cese, ha estado vinculada con el Ayuntamiento por un contrato de personal eventual y de los que se han hecho eco ampliamente los medios de comunicación isleños”.
Ante esta situación, el ICI ha instado al alcalde de Puerto del Rosario a que, como medida cautelar, “acuerde la suspensión en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno que tiene atribuidas el cargo público denunciado mientras se sustancia el correspondiente procedimiento judicial que, según los medios, ha iniciado la víctima”.
Apoyo de la fuerzas políticas
El Partido Popular, Coalición Canaria, el PSC y Nueva Canarias también han manifestado públicamente su apoyo a la denunciante y han condenado los comportamientos denunciados.
Desde Nueva Canarias hoy viernes 30 de julio y en un comunicado la secretaría de Igualdad señala, entre otros aspectos, su enérgica condena ante cualquier tipo de comportamiento o acto violento y denigrante contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones.
Finalmente desde Nueva Canarias muestran “su respeto máximo al procedimiento judicial y al derecho de las personas implicadas a obtener la efectiva tutela en el ejercicio de sus intereses sin que pueda producirse indefensión alguna”.
