El grupo del Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura ha presentado una moción para su debate en el pleno del próximo viernes que insta a la Corporación insular a modificar la Ordenanza Fiscal de la exacción sobre el consumo de combustible, conocida como “céntimo verde”, con el objetivo de suspender temporalmente su cobro con el objetivo de ayudar a la economía de los vecinos y vecinas de Fuerteventura con una medida que beneficia directamente a sus bolsillos.
El portavoz de los populares, Claudio Gutiérrez, explicó la necesidad de esta medida ante el incremento de los precios de los carburantes, agravado por la actual situación en Oriente Medio y la guerra en Irán. “El cobro de esta tasa, sobre todo si se tiene en cuenta el incremento de precios originado por el actual contexto internacional, es mantener una medida que castiga a las familias y los sectores productivos de la isla”, afirmó el portavoz.
La moción destaca que el recargo de dos céntimos por litro genera un sobrecoste significativo para profesionales del transporte, la construcción, el sector primario y autónomos del taxi. Según los cálculos del grupo popular, un profesional con un consumo medio de 100 litros diarios afronta un gasto adicional de 60 euros mensuales solo por esta tasa.
Los populares critican, además, la gestión realizada con los fondos procedentes del cobro de esa tasa. Entre 2015 y 2018, se recaudaron más de cuatro millones de euros sin que se ejecutaran en la mejora de las carreteras, que es el propósito final de ese “céntimo verde”. “Existe una desconexión entre la carga fiscal que tiene que asumir la ciudadanía y el retorno real en los servicios que ofrece el Cabildo”, señaló el portavoz popular, quien denuncia, por otra parte, el deterioro en el servicio de transporte público de pasajeros en la isla.
Por ello, la moción del Partido Popular propone, por un lado, añadir un nuevo artículo que faculte al Pleno del Cabildo para aprobar la suspensión temporal del cobro en situaciones excepcionales de crisis económica o fuerza mayor. En concreto, el PP solicita la aplicación de una disposición transitoria que suspenda la tasa durante un periodo de tres meses, prorrogable según la evolución del contexto internacional.
Y, por otro lado, plantea reformar el artículo 8 de la Ordenanza para asegurar que, una vez que pase el periodo excepcional y se retome el cobro de la tasa, ese dinero sirva para compaginar el mantenimiento de las carreteras con la red de transporte insular. “Es fundamental reforzar la correcta ejecución y fiscalización del gasto y que los recursos se traduzcan en mejoras tangibles para los usuarios”, concluyó Gutiérrez.
