Puerto del Rosario atraviesa una situación económica delicada. Así lo ha reflejado el propio interventor del Ayuntamiento en su último informe, en el que certifica que se han incumplido tanto la estabilidad presupuestaria como la regla de gasto, dos elementos esenciales en cualquier administración pública responsable.
Desde Nueva Canarias–BC consideramos que esta situación no puede pasarse por alto. El grupo de gobierno ha gastado más de lo permitido, ha previsto ingresos que finalmente no llegaron, y ha destinado buena parte del presupuesto a cubrir gastos corrientes, mientras las inversiones reales, las que transforman los barrios y mejoran la vida de la gente, siguen esperando.
La consecuencia directa de esta mala gestión ha sido la presentación de un Plan Económico-Financiero (PEF) con el que el Ayuntamiento intenta justificar el desequilibrio. Sin embargo, el interventor deja claro que el documento no ofrece garantías, no concretas medidas y no cuantifica cómo se va a corregir la situación. En otras palabras, ni el interventor se cree el plan que han presentado.
Lo más preocupante es la actitud del propio grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y PSOE, que ha llegado a quitarle importancia al asunto, sugiriendo que “no pasa nada” porque se trata “solo de un plan”. Esta forma de entender la gestión pública, como si no tuviera consecuencias reales, es precisamente lo que nos ha traído hasta aquí.
“No se puede gobernar gastando por encima de las posibilidades y luego decir que ya se resolverá con un documento que no convence ni a quien lo firma”, señala Cosme Espinel, secretario de Acción Política de Nueva Canarias–BC.
“Lo mínimo que merece la ciudadanía es claridad, rigor y un compromiso real con la estabilidad económica del municipio.”
Este escenario tiene un efecto directo sobre los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario. El ajuste que ahora deberá afrontar el Ayuntamiento afectará especialmente a las inversiones que podrían marcar la diferencia en los barrios: mejoras en alumbrado, asfaltado, espacios públicos, instalaciones deportivas o servicios básicos. Si la capacidad de invertir ya era limitada, ahora lo será aún más.
Y todo esto ocurre mientras el gasto corriente continúa creciendo. Parte de ese gasto se destina a mantener estructuras ya consolidadas, incluidos algunos servicios prestados externamente, que consumen recursos sin dejar resultados tangibles para la ciudadanía. Las prioridades del Ayuntamiento, una vez más, parecen ir por otro camino.
Esta situación no es fruto de un error puntual. Es el reflejo de una forma de gobernar que se repite: gastar primero, justificar después y postergar lo importante. Por eso, desde Nueva Canarias–BC, exigimos transparencia, responsabilidad y un cambio de rumbo real. No por cumplir con la normativa, sino por respeto a un municipio que merece planificación, estabilidad y futuro.
