El ente público Puertos Canarios, que preside el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, realizó en Gran Tarajal la que considera la mayor campaña de biorremediación hecha en Europa. La biorremediación consiste en el empleo de microorganismos para la recuperación del medio ambiente o para el tratamiento de materiales.
Esta actuación obtuvo una inversión de 800.000 euros y el empleo de 200.000 litros de tratamiento bacteriano, para devolver la normalidad a las aguas de este litoral del municipio de Tuineje y combatir los restos de hidrocarburos vertidos durante el naufragio de varias gabarras acontecido en el mes de febrero de 2018. Así se lo han comunicado hoy el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno canario, Gustavo Santana, y el gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega, a la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, con la que han mantenido un encuentro en el que ha quedado evidenciado que, después de estos trabajos, las aguas de casi todo el litoral del puerto de Gran Tarajal reúnen la máxima limpieza y calidad ambiental.
Los dos representantes del Gobierno canario, que realizaron un balance de las actuaciones desarrolladas por la consejería para recuperar la buena calidad de las aguas de este puerto majorero, trasladaron también a la alcaldesa el objetivo de la consejería de iniciar en próximas fechas los trabajos de la cuarta campaña de limpieza de fondos con los que se atajarán los dos únicos puntos de la dársena en los que aún quedan restos de hidrocarburos y así dar por concluida definitivamente las labores para devolver a Gran Tarajal la normalidad y la calidad de sus aguas.
El suceso que motivó esta campaña de biorremediación se produjo entre el 23 de febrero y el 1 de marzo de 2018, cuando se sucedieron un tren de borrascas sobre el archipiélago canario caracterizadas por fuerte viento y oleaje. El tercer y último temporal, denominado Emma, afectó de forma directa al Puerto de Gran Tarajal incidiendo de pleno en la dársena exterior y la línea de atraque del muelle comercial, donde se encontraba atracada una flota formada por diez embarcaciones, cuatro remolcadores y seis barcazas. La acción del temporal tuvo como resultado el naufragio de ocho de las diez embarcaciones.
Desde el primer momento se declaró la emergencia con objeto de retirar de la dársena los restos del naufragio y neutralizar los derrames de hidrocarburos y otras sustancias producidos por el incidente y por las propias labores de rescate, para lo que se emplearon distintos medios, mecánicos de extracción y filtrado, y biológicos para bio remediar la afección a la zona afectada. Uno de los riesgos del hundimiento de la flota y del proceso de rescate realizado durante nueve meses, fue la posible contaminación por hidrocarburos y metales pesados, razón por la que se contrató una dirección técnica especial para todas las operaciones medioambientales y se diseñó y ejecutó un Plan de Vigilancia Ambiental específico para Gran Tarajal.
Tras 9 meses de trabajo, las labores finalizaron en noviembre de 2019, justo antes de la entrada a puerto el 3 de diciembre del crucero Balmoral. El gasto directo realizado por Puertos Canarios en la recuperación de la dársena ascendió a 7,5 millones de euros distribuidos de la siguiente manera, 4,5 destinados a la extracción de los restos del naufragio, dos millones destinados a labores de recuperación medioambiental y un millón destinado a la ejecución de las obras de reconstrucción del dique.
Para la recuperación ambiental se emplearon sistemas mecánicos, absorbentes y biológicos, casi el 50% de los recursos, empleados, unos 800.000 euros, se destinaron íntegramente al tratamiento de esta mediante biorremediación, la mayor intervención de estas características realizada en Europa en el interior de una dársena afectada por un vertido. El volumen final de inóculo bacteriano empleado en el tratamiento de la dársena superó los 200.000 litros. Se utilizó un tratamiento bacteriano a través del que se descomponen de manera natural y sin residuos los hidrocarburos en suspensión y en superficies afectadas.
El Plan de Vigilancia Ambiental diseñado contempló cuatro campañas de toma de muestras para su análisis y valoración. Las tres primeras intervenciones realizadas entre los años 2019 y 2021 verificaron la evolución favorable registrada por los distintos parámetros controlados. Ante esa evolución favorable, se determinó posponer la realización de la cuarta y última a la espera de que la actividad del inóculo bacteriano terminase de reparar el daño. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la calidad del agua de la dársena, la normalización del estado del fondo en todos los parámetros analizados, con excepción del nivel de hidrocarburos en dos puntos localizados donde las barcazas estuvieron más tiempo sumergidas.
En esta cuarta y última actuación, se propone actuar en la arena de la dársena en la que se ha detectado presencia de hidrocarburos, para su tratamiento y reutilización o retirada a vertedero. Puertos Canarios ha contratado un proyecto por el que se definirá el área afectada y las actuaciones necesarias para realizar la extracción del material contaminado, así como el tratamiento de este. Una vez finalizada la redacción de la documentación y tramitada la misma ante los organismos medioambientales competentes, se procederá a la contratación de los trabajos de extracción del material potencialmente contaminado, tras lo cual se redactará un informe final de conclusiones y se divulgarán los resultados.
En la defensa del interés público, Puertos Canarios está tramitando las sanciones administrativas y las reclamaciones patrimoniales en los tribunales de Justicia contra los responsables del suceso, con el objeto de verse resarcido del conjunto de los costes citados. Cabe destacar que el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, preceptivo para poder tramitar estas sanciones, ha sido claramente favorable al ente Puertos Canarios, tanto en sus decisiones para actuar de oficio y de forma inmediata evitando daños mayores, como en sus reclamaciones frente a la naviera y consignataria, a las que considera plenamente responsables.
